#Opinión La batalla también se libra en las escuelas, por @FernanPereirav

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Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

Educador. Fundador de Cecodap.

Jaua: “colegio privado que suspenda clases será sancionado”. En el mismo orden de ideas expuso que “no es el sector privado el que está facultado para suspender clases”. Alertó que las instituciones que violen este derecho constitucional serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en la legislación venezolana. La única forma de que puedan suspenderlas, acotó el líder político, es que se presenten hechos focalizados de violencia, como los ocurridos durante las últimas semanas. También recalcó que las Zonas Educativas de cada región, son los entes encargados de cualquier decisión y no las instituciones o asociaciones privadas.”

Jaua, no nos cansaremos de insistir en el diálogo. El presidente de la Comisión Presidencial, en la primera reunión de consultas con los partidos políticos, en la que estuvo ausente, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), hizo un llamado por la paz a los integrantes de ese sector mayoritario opositor “y que puedan sentarse en esa mesa a dialogar entre venezolanos como hermanos que somos. Tenemos profundas diferencias -agregó- pero estamos obligados a legarle a nuestros hijos una Venezuela en paz y el camino es el diálogo, desconocer el diálogo es la barbarie”, enfatizó. Reiteró el mismo llamado a la Conferencia Episcopal y a Fedecámaras.

Ministro Jaua: ¿Qué credibilidad puede tener el llamado a diálogo con los factores políticos y sociales si mi actuación en la educación está signada por la amenaza y persecución? El diálogo no puede ser un traje que se cambie de acuerdo a la ocasión. Si en algún ámbito del país debería imponerse el poder de la palabra mediadora es justamente en la educación.

Desde Cecodap hemos reiterado que la educación es un derecho humano que debe estar garantizado. En los momentos de crisis por los que atravesamos, más que nunca, se exige que los centros educativos sean espacios para el encuentro, la contención emocional, la protección, participación pacífica y formación ciudadana. En todos los centros educativos del país, donde estén garantizadas las condiciones, se deben realizar las actividades programadas.

No podemos tapar el sol con un dedo. Hay sectores de la geografía nacional donde la confrontación está presente, bien porque hay manifestaciones y enfrentamientos, represión en el lugar donde están ubicados los colegios o donde viven las familias que dificultan que se realicen las actividades con normalidad, que haya estudiantes que no puedan llegar porque hay trancas, no hay servicio de transporte público, se ordena el cierre de estaciones de Metro, servicio de metrobus (vital en el caso de Caracas).

Hay sectores donde los gases lacrimógenos han afectado a los estudiantes que debieron ser evacuados o la hora de la salida coincide con el desarrollo de protestas y no se sabe si los estudiantes podrán regresar a casa o los representantes podrán llegar a buscarlos. Si bien la educación es un derecho humano; tampoco tenemos que debatir que la vida, integridad física, psicológica también son derechos humanos que deben ser protegidos.

Nada justifica la inasistencia. La supervisora del Ministerio de Educación llamó a la directora de un colegio privado: “No voy a poder hacer la supervisión hoy porque como sabe no está funcionando el Metro; pero quiero que sepa que tienen que dar las clases con normalidad y decirle a los docentes que si no asisten se les abrirá un procedimiento”. O la funcionaria perdió la capacidad mínima de empatizar con sus colegas o se ha impuesto la irracionalidad de la persecución. Del otro que no reconozco (o no quiero reconocer). ¿No se movilizan miles de estudiantes y profesores en transporte público? ¿Cómo van o vienen con normalidad?

Lo cierto es que se impone la lógica de la supervisión permanente, exigir reportes diarios de la asistencia, dar cuenta de por qué no asistieron, so pena de amenazas. ¿Se puede traspasar la responsabilidad a los directivos de que las familias tomen la decisión de no mandar sus hijos a clases? Se obvia que el Estado es el principal responsable de que se generen las condiciones sociales, políticas e institucionales necesarias.

Se rasgan las vestiduras para que las clases se den contra viento y marea las autoridades que con mucha laxitud y arbitrariedad las han suspendido en procesos electorales (más días de los técnicamente requeridos), por dieta eléctrica (aun cuando centros planteaban poder trabajar sin luz), por jornadas para sacar el carnet de la patria, por nuevos feriados decretados, por participar en concentraciones oficiales, impidiendo que quienes querían comenzar el año escolar semanas antes lo hicieran.

Proselitismo sí, proselitismo no. En esta realidad bipolar se amenaza y abren procedimientos a los centros educativos en los que los estudiantes han querido manifestar su descontento frente a la realidad actual y la gestión de gobierno, porque se consideran actos proselitistas que promueven la violencia. El Estado, por su parte, impone la constituyente educativa con una intención proselitista enmascarada que busca imponer un modelo utilizando la plataforma del sistema educativo con un cuestionario que debe ser respondido obligatoriamente, violentando a la mayoría de la población que considera es una propuesta inconstitucional.