Ex ministro de Chávez “Con la ANC el gobierno posterga medidas económicas”

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Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas del gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2006, se sumó a las voces disidentes de la iniciativa de Nicolás Maduro de convocar una asamblea nacional constituyente, la que califica como un retroceso histórico en Venezuela y un atentado contra la Constitución de 1999, que consagra la democracia participativa y protagónica.

El economista también es un fuerte crítico de la gestión del gobierno, que ha impedido el establecimiento de una economía sana y productiva para dar paso a “un sistema de incentivos perversos que estimuló la formación de poderosas redes de corrupción, penetrando y controlando los entes públicos”.

Graduado en Economía en la Universidad de La Habana, Cuba, y con máster en Ciencias Políticas y Públicas en la Universidad Central de Venezuela, Álvarez, profesor universitario y Premio Nacional de Ciencias en 2013, ha manifestado en sus artículos en el portal Aporrea sus opiniones críticas a las políticas económicas y sociales del gobierno.

Álvarez no se define como chavista, tampoco de izquierda o de derecha. Dice que es un humanista, debido a su ruptura radical con los dogmas del pensamiento de izquierda y socialista “que generan un conflicto existencial entre las mujeres y hombres de buena fe que siguen consecuentes con las mejores causas de la humanidad, pero sin el estigma de los fracasos históricos que mancharon la utopía socialista, entre ellos la revolución bolivariana”.

—¿Cuáles son sus observaciones contra la constituyente?

—Es un retroceso histórico. Uno de los grandes avances de la Constitución de 1999 es que permite la convocatoria de la asamblea nacional constituyente mediante un referéndum popular, que dio inicio a una nueva etapa de la democracia participativa y protagónica. Eso es contrario a la convocatoria por un solo hombre, el presidente Maduro. Además, las bases comiciales no dejan claro el tiempo que sesionará la ANC ni el texto de Constitución que resulte redactado, a lo que se suma la forma inequitativa de elegir a los diputados por municipios.

—Según las encuestas la mayoría de los venezolanos rechaza la constituyente.

—Una gran parte del país decidió no convalidar una ANC espuria y fraudulenta y no postuló candidatos, lo que deja el paso libre solo a los postulados del oficialismo. Esto hace prever que habrá una altísima abstención a la hora de elegir a esos diputados, por lo que el texto que se redacte no representará la expresión de la mayoría ni de la soberanía nacional.

—¿El gobierno quiere perpetuarse en el poder?

—Todas las dudas y sospechas surgen de la convocatoria atropellada de una ANC, con condiciones y bases comiciales confusas. Tampoco despierta confianza la suspensión del referéndum revocatorio en 2016 y haber pospuesto las elecciones regionales, de las que no está claro si se celebrarán en 2017.

—Los voceros gubernamentales aseguran que la constituyente arreglará la economía.

—Con la ANC el gobierno posterga urgentes medidas económicas que reclama el país. Ha creado la expectativa, en la base de sus seguidores, de que la constituyente será de reconciliación y paz nacional, pero es todo lo contrario. Con la ANC el gobierno se aleja de su función y de las soluciones que debería darle a los problemas económicos y sociales al postergar las decisiones de política cambiaria, fiscal, monetaria, petrolera, de precios, deuda externa, agrícola e industrial. Lo más delicado es que descuida la creación de un ambiente propicio para la inversión productiva, que permita reactivar la producción agrícola, industrial y petrolera para superar la grave crisis de la escasez de alimentos, medicinas y divisas que sufre el país.

—¿El Dicom es una solución?

—El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario no es una solución porque la banda de precios con que arrancó está subvalorada y los privados que tienen dólares no van a alimentar el Dicom a un precio 3 veces por debajo del mercado paralelo. Además, el gobierno no dispone de divisas suficientes para ofertar por la caída de los ingresos petroleros y por sus compromisos de deuda externa, de los que acaba de pagar 3 millardos de dólares y debe cancelar otros 5 millardos el segundo semestre de 2017.

—Según el gobierno la situación mejorará con el acuerdo de recorte de la OPEP.

—La recuperación de los precios por los recortes de producción de crudo ha sido anulada por otros productores que, como Estados Unidos, toman los espacios de mercado que dejan los volúmenes de la OPEP. Para el segundo semestre de 2017, según la OPEP y otras fuentes especializadas, los precios estarán entre 44 y 45 dólares el barril, lo que coloca la cesta venezolana en 40 dólares. Los ingresos petroleros de Venezuela de este año son solo de 9 millardos de dólares y para superar esto el gobierno tiene a la mano un conjunto de medidas económicas –como la eliminación de tantos de tipos de cambio de la moneda y aumentar el precio de la gasolina en el mercado interno a los niveles de la frontera– que tomadas con disciplina y constancia pueden estabilizar la economía y recuperar el bienestar social.

—¿Cómo ve a Pdvsa?

—Presenta problemas semanales de flujo de caja que la limitan para pagar la nómina de 140.000 trabajadores y cumplir sus compromisos con los proveedores. Pdvsa debe vender al Banco Central de Venezuela más de 60% del menguado ingreso petrolero al dólar de 10 bolívares, lo que la obliga a emitir pagarés al BCV que le proporciona bolívares en billetes sin respaldo que, a su vez, aumentan la circulación de dinero en la calle impulsando la inflación.

La población paga los CLAP con sobreprecio

El economista Víctor Álvarez advirtió que el pueblo paga mucho más por los alimentos que proveen los comités locales de abastecimiento y producción porque el precio real de la caja CLAP debe ser de 500 bolívares en lugar del promedio de 16.000 bolívares, equivalentes a 1.600 dólares al cambio de divisa protegida de 10 bolívares por dólar.

El experto explicó que al desmenuzar los precios de las cajas de alimentos a 25 dólares, más otros 25 dólares para los costos por concepto de flete, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos, el precio de cada caja queda en 50 dólares, equivalentes a 500 bolívares. “Sin embargo, se pierden en el camino 1.550 dólares”, destacó.

Álvarez denunció que las mafias de importadores y distribuidores que participan en la cadena de los CLAP son las que resultan beneficiadas con el dólar barato de 10 bolívares, el cual revenden mucho más caro en el mercado paralelo de divisas a costa de perjudicar a la población socialmente más vulnerable. Insiste en que la ayuda a la población, especialmente la de escasos recursos, debe darse mediante mecanismo de subsidio directo, sin intermediarios.

El gobierno creó los CLAP en abril de 2016 y según Freddy Bernal, coordinador nacional del programa, las bolsas y cajas de comida llegaron a 1.945.000 familias en 2016 y la aspiración es alcanzar 6 millones de grupos familiares en 2017. 

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